Dirección General Jurídica (DGJ)

La Dirección General Jurídica como área sustantiva de la Contraloría General de la República, tienes dentro de sus atribuciones la de ejercer la defensa técnica y material sobre acciones en la que ha sido parte ante la vía jurisdiccional por efectos del Recurso de Amparo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, se le atribuye la responsabilidad de implementar la Ley No. 438, Ley de Probidad de Servidores Públicos, por medio de recibir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos y administra el Sistema de Declaraciones en Línea (SISCODEP).

De igual manera, ejecuta procesos administrativos de verificación de declaración patrimonial conforme lo dispuesto en la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, así como la destitución de Auditores Internos y personal técnico de la Administración Pública, sobre la base de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Normativa Procedimental de Destitución y Nombramiento de Auditor Interno y personal técnico.

Dentro del ámbito del control y fiscalización, tiene la atribución de emitir dictámenes jurídicos de la revisión precontractual de los procesos de contrataciones que realizan los entes, organismos y municipales que conforman la Administración Pública al amparo de las leyes de la materia para ser aprobado por el Consejo Superior y que sirven de insumo para la auditoría gubernamental y la mejora continua de los procesos de contratación que realizan los entes públicos. Dentro de ese contexto inicia procesos administrativos pliegos de glosas por perjuicio económico determinado en la auditoría gubernamental para la determinación de responsabilidad civil.

Como parte de los medios de impugnación de los afectados en el pleno uso de sus derechos constitucionales, conoce y tramita los Recursos Administrativos de Apelación y Revisión derivados por las resoluciones administrativas dictadas por las máximas autoridades y el Consejo Superior. Dentro de ese contexto, también examina y analiza el Recurso de Nulidad sobre procesos de contratación de bienes y servicios al amparo de las Leyes de la materia.

Entre otras de sus atribuciones, conoce, tramita y emite informe ejecutivo para aprobación del Consejo Superior relacionados con las denuncias ciudadanas que interponen sobre el quehacer de la Administración Pública en la administración de los recursos públicos. Lleva también el registro, control y seguimiento de las sanciones administrativas y remitirlas a la Procuraduría General de la República para su ejecución, así como la evaluación de consultas derivadas de quehacer de la Contraloría General de la República.